Productos de segunda mano y reacondicionados: qué debe informar el comercio y qué derechos tiene el consumidor

Un producto de segunda mano es aquel que ya ha sido utilizado o adquirido previamente por otra persona. Puede venderse tal y como está, con signos de uso, o después de haber sido revisado, reparado o puesto de nuevo a la venta.

Un producto reacondicionado es un producto que ha sido revisado, comprobado o reparado antes de volver a comercializarse. Puede proceder de una devolución, de una exposición en tienda, de un embalaje dañado, de un producto usado al que se han sustituido piezas, o de un equipo que ha sido sometido a pruebas para comprobar su funcionamiento.

No todos los comercios utilizan los mismos criterios para llamar a un producto “reacondicionado”, “renovado”, “revisado”, “outlet”, “seminuevo” o “como nuevo”. Por eso, antes de comprar, es importante que el establecimiento explique con claridad qué significa esa denominación en cada caso.

El Portal del Consumidor de la Comunidad de Madrid cuenta con información específica sobre productos de electrónica reacondicionados.

Los derechos del consumidor varían según quién venda el producto.

Si la venta la realiza una empresa, una tienda, una plataforma que actúa como vendedora o un profesional, se aplica la normativa de consumo. Esto ocurre tanto si la compra se realiza en un establecimiento físico como si se realiza por internet, por teléfono, por redes sociales o a través de una plataforma digital.

En cambio, si la compra se realiza entre particulares, no se aplica el régimen de garantías y desistimiento previsto para las ventas de empresas a consumidores. En estos casos pueden aplicarse las normas civiles sobre compraventa, incluida la posible responsabilidad por defectos ocultos, pero la reclamación no se tramita como una reclamación de consumo.

Antes de comprar, conviene comprobar si quien vende actúa como profesional o como particular. En las plataformas online, esta información debe aparecer de forma clara, ya que afecta a los derechos que tendrá el comprador y a quién deberá dirigirse si surge un problema.

Puede consultar más información en el reportaje del Portal del Consumidor sobre productos de segunda mano y garantías.

Qué debe informar el comercio antes de vender

Antes de que el consumidor quede vinculado por la compra, el comercio debe facilitar información clara, comprensible y suficiente sobre el producto y las condiciones de venta.

En particular, debe informar sobre:

• La identidad del vendedor y sus datos de contacto.
• Las características principales del producto.
• Si el producto es nuevo, de segunda mano, reacondicionado, de exposición, outlet o similar.
• El estado real del producto.
• Los defectos, desperfectos, marcas de uso o limitaciones conocidas.
• Los accesorios incluidos.
• El precio total, incluidos impuestos.
• Los gastos de envío, transporte o gestión, si los hubiera.
• El plazo y forma de entrega.
• La garantía legal aplicable.
• La existencia o no de garantía comercial adicional.
• El derecho de desistimiento, cuando proceda.
• Las condiciones de devolución.
• Los canales de atención y reclamación.

En compras a distancia, como las realizadas por internet, teléfono o aplicaciones, esta información debe facilitarse antes de confirmar el pedido y de forma que el consumidor pueda conservarla.

Puede consultarse la normativa general en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

En los productos de segunda mano o reacondicionados, la información sobre el estado del bien es esencial.

El comercio debe evitar expresiones ambiguas o engañosas. No es lo mismo vender un producto “como nuevo” que vender un producto “con signos de uso”, “reparado”, “sin embalaje original”, “con batería sustituida”, “con pequeños defectos estéticos” o “procedente de exposición”.

Si el establecimiento utiliza categorías internas, como “grado A”, “grado B”, “excelente”, “muy bueno” o “aceptable”, debe explicar qué significa cada una. El consumidor debe poder saber si la categoría se refiere al aspecto exterior, al funcionamiento, a la batería, a los accesorios, al embalaje o al conjunto del producto.

También debe informarse de cualquier limitación relevante, por ejemplo:

• Pantalla con arañazos.
• Carcasa golpeada.
• Batería con capacidad reducida.
• Piezas sustituidas.
• Falta de accesorios.
• Ausencia de embalaje original.
• Manuales no incluidos.
• Producto bloqueado o vinculado a una cuenta anterior.
• Software no actualizado.
• Uso previo intensivo.
• Producto destinado a reparación.

Si el consumidor acepta expresamente una característica o defecto concreto después de haber sido informado de forma específica, no podrá reclamar después por ese mismo aspecto como si fuera una falta de conformidad desconocida. Pero el comercio no puede esconder defectos ni usar fórmulas generales como “se vende tal cual” para eliminar derechos legales.

El precio debe mostrarse de forma clara y completa. El consumidor debe conocer el importe total antes de comprar, incluidos impuestos y cualquier gasto adicional.

Si el producto se vende rebajado, en oferta o con descuento, debe informarse correctamente del precio anterior y del precio reducido. Cuando se anuncien reducciones de precio, el precio anterior será, con carácter general, el menor que se haya aplicado sobre productos idénticos en los treinta días anteriores.

En productos de segunda mano o reacondicionados puede haber diferencias importantes entre unidades aparentemente similares. Por eso, si se comparan precios, debe quedar claro si la comparación se realiza con un producto nuevo, con otro producto reacondicionado o con un producto de segunda mano en condiciones equivalentes.

También deben evitarse mensajes que puedan inducir a error, como presentar como “oferta limitada” una rebaja permanente o comparar el precio con un producto nuevo sin explicar que el artículo vendido tiene uso previo, defectos o piezas sustituidas.

Puede consultarse la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que regula, entre otras cuestiones, la información sobre reducciones de precio.

Comprar productos de segunda mano o reacondicionados puede contribuir a reducir residuos y alargar la vida útil de los bienes. No obstante, las afirmaciones ambientales que utilicen los comercios deben ser claras y no engañosas.

Expresiones como “sostenible”, “ecológico”, “verde”, “cero impacto” o “respetuoso con el medioambiente” deben poder justificarse y explicar en qué consiste la ventaja ambiental concreta. No basta con utilizar mensajes genéricos si no se indica qué aspecto del producto, del proceso o de la venta permite sostener esa afirmación.

La Unión Europea ha aprobado la Directiva (UE) 2024/825, relativa al empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica. Esta norma refuerza la protección frente a prácticas comerciales desleales relacionadas con afirmaciones ambientales, información sobre durabilidad y reparabilidad, etiquetas de sostenibilidad y prácticas que puedan inducir a error sobre el impacto ambiental de los productos.

A fecha 7 de septiembre de 2026, esta Directiva ya está aprobada y debe aplicarse a partir del 27 de septiembre de 2026 a través de las normas nacionales de transposición. En cualquier caso, incluso antes de esa fecha, la publicidad y la información comercial deben ser veraces, suficientes y no inducir a error.

Cuando el vendedor es una empresa o profesional, el consumidor tiene garantía legal también en productos de segunda mano o reacondicionados.

Con carácter general, el empresario responde de las faltas de conformidad que existan en el momento de la entrega y se manifiesten en un plazo de tres años desde la entrega del bien.

En los bienes de segunda mano, el empresario y el consumidor pueden pactar un plazo menor, pero ese plazo nunca puede ser inferior a un año desde la entrega. Si no se pacta expresamente un plazo inferior, se aplicará el plazo general.

Por ello, un comercio no puede decir simplemente que un producto de segunda mano o reacondicionado “no tiene garantía”. Tampoco puede eliminar la garantía legal mediante expresiones como “sin garantía”, “venta final”, “no se admiten reclamaciones” o “se vende tal cual”.

La garantía legal cubre que el producto sea conforme con lo contratado. Es decir, que se ajuste a la descripción, tenga las características anunciadas, sea apto para los usos habituales de ese tipo de bienes y funcione conforme a lo que razonablemente puede esperar el consumidor, teniendo en cuenta su naturaleza, antigüedad, estado, precio y la información facilitada antes de la compra.

Puede consultarse más información sobre garantía legal en el Portal del Consumidor de la Comunidad de Madrid, en el reportaje Garantía: la protección para sus compras, y en la página del Centro Europeo del Consumidor en España sobre garantías.

El comercio debe informar de forma clara de las características del producto y de cualquier limitación relevante. Si se anuncia que el dispositivo está “revisado”, “restaurado” o “listo para usar”, el consumidor puede esperar que funcione de acuerdo con esa descripción.

Si el producto no se corresponde con lo anunciado, presenta defectos no informados, no funciona correctamente o el comercio no respeta la garantía, el consumidor debe reclamar en primer lugar ante el vendedor.

Es recomendable hacerlo por escrito y conservar copia de la reclamación. Deben aportarse el justificante de compra, fotografías, anuncio, descripción del producto, comunicaciones con el comercio, garantía comercial si existe y cualquier otra prueba.

Si no obtiene una respuesta satisfactoria, puede solicitar la hoja de reclamaciones y acudir a la Oficina Municipal de Información al Consumidor más cercana, a la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid o presentar la reclamación por internet.

Puede consultar cómo presentar una reclamación en el Portal del Consumidor de la Comunidad de Madrid, en el apartado Presentar una reclamación de consumo.

En compras transfronterizas dentro de la Unión Europea, Noruega, Islandia o Reino Unido, puede resultar útil acudir al Centro Europeo del Consumidor en España.