La Comunidad de Madrid desaprueba la ausencia de una política clara en materia de vivienda por parte del Gobierno central. Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, durante su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha evidenciado la insuficiencia de recursos financieros estatales destinados para las ayudas extraordinarias al alquiler en la Comunidad de Madrid, como consecuencia del COVID-19.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado hoy el contrato que permitirá a la Agencia de Vivienda Social (AVS) continuar con la gestión de su patrimonio de viviendas sociales públicas de forma integral, por un importe de 8,3 millones de euros entre los ejercicios de 2020 y 2023. Se hará mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios.
La Comunidad de Madrid ha invertido 1,3 millones de euros en el municipio madrileño de Villamanrique de Tajo correspondientes al Programa de Inversión Regional (PIR). El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, ha visitado hoy este localidad, donde ha comprobado la finalización de las obras de mejora en las Plazas de la Constitución y la Iglesia, con una inversión de 298.109 euros.
La Comunidad de Madrid ha reclamado al Gobierno regional una mayor financiación para hacer frente a las ayudas extraordinarias al alquiler por el coronavirus, de las que Madrid ha recibido 15,9 millones de euros sobre un presupuesto total de 100 millones para todas las comunidades autónomas.
La Comunidad de Madrid ha recibido durante el estado de alarma un total de 14.382 requerimientos de información procedentes de posibles beneficiarios en la reducción de renta en las viviendas de la Agencia de Vivienda Social (AVS). De ellas, hasta la fecha se han recibido 939 solicitudes de reducción de renta por parte de sus arrendatarios, la gran mayoría -un 74%- proceden de situaciones de vulnerabilidad, al encontrase estos incursos en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo.
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ha publicado hoy la orden de apertura del plazo de presentación de solicitudes de las ayudas previstas en el Programa de Empleo para municipios rurales, al que el Gobierno regional destina este año un total de 11 millones de euros. El objetivo de esta iniciativa es favorecer la contratación de desempleados y orientadores laborales en las 78 localidades de la región que tienen menos de 2.500 habitantes. Los ayuntamientos interesados tendrán desde mañana hasta el próximo 1 de julio para formalizar su solicitud en la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid defiende la necesaria colaboración público-privada a la hora de reactivar el sector inmobiliario tras la crisis provocada por el COVID-19. El consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha participado hoy, de manera telemática, en el Foro de Economistas Inmobiliarios, que ha abordado la Colaboración público-privada para impulsar la vivienda como fórmula para hacer frente a la actual situación.
La Comunidad de Madrid apela a la responsabilidad y al cumplimiento de las normas de distanciamiento social, el uso de mascarillas y el lavado o higienización de manos con soluciones hidroalcohólicas, por parte de todos los ciudadanos madrileños ante los traslados a segundas residencias este fin de semana.
La Comunidad de Madrid apuesta por un mercado flexible de alquiler como fórmula que favorezca un mayor y mejor acceso a la vivienda por parte de los ciudadanos. Esta filosofía contrasta con las medidas intervencionistas en el mercado inmobiliario anunciadas ayer por el Gobierno central, que en opinión del consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, generarán precisamente un efecto adverso en este sector.
La Comunidad de Madrid ha entregado a las asociaciones vecinales 7.000 mascarillas para su reparto entre los habitantes de todos los sectores de la Cañada Real, y contribuir así a una mayor protección contra el coronavirus, coincidiendo con la obligatoriedad de su uso en la fase 1 de desescalada.