Prevemos aprobar tres nuevas leyes y 38 normas reglamentarias el año que viene
Prevemos aprobar 3 nuevas leyes y 38 normas reglamentarias a lo largo del año que viene, según recoge el Plan Anual Normativo para 2019, aprobado por el Consejo de Gobierno y que será publicado en el Portal de Transparencia. El Plan impulsa la senda de una nueva política en la Comunidad orientada a la calidad normativa, reforzando la seguridad jurídica, la participación ciudadana y la actualización del ordenamiento.
Esta planificación incluye las iniciativas legales o reglamentarias que se van a aprobar en el siguiente ejercicio. En 2019, en concreto, el Gobierno regional tiene previsto aprobar tres proyectos de Ley relativos al Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, a la Cañada Real Galiana y a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2020.
El plan también prevé la aprobación de 38 normas reglamentarias, vía decreto, sobre distintas materias, entre ellas, el régimen de conciertos educativos, los planes de estudios correspondientes a diferentes estudios de técnico superior, aspectos relativos al Observatorio y al Consejo de Atención a la Infancia y la Adolescencia, la educación inclusiva en la enseñanza no universitaria, la planificación farmacéutica, los servicios del ciclo integral del agua que presta Canal de Isabel II, el régimen para el ejercicio de la función de director de centro de servicios sociales o los requisitos para el reconocimiento de la condición de deportista de alto nivel.
Evaluación de resultados
El plan también contempla que se lleve a cabo una evaluación de los resultados del decreto por el que se regula el régimen de conciertos educativos en la Comunidad de Madrid. Con este tipo de análisis, se busca constatar la eficacia de la norma aprobada, es decir, si ha conseguido los fines propuestos; y su eficiencia, identificando cargas administrativas que podrían evitarse y la sostenibilidad de la disposición.
La aprobación del Plan Anual Normativo facilitará la participación de ciudadanos y empresas en los procedimientos de consulta pública previos a la elaboración de las normas, así como en los trámites de audiencia e información pública posteriores.