La Comunidad de Madrid aumenta un 24% la inversión para mejorar la conciliación de familias con personas con discapacidad intelectual a su cargo

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El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado, en su reunión de esta semana, aumentar un 24% la inversión destinada al programa de respiro para fomentar la conciliación de familias que tengan personas con discapacidad intelectual a su cargo, de entre 18 y 65 años, con graves trastornos de conducta. El nuevo contrato de este servicio, cuya duración se extenderá entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, prevé una inversión de 834.900 euros.

https://dnfqencmde1ig.cloudfront.net/sites/default/files/img/rob07498_1.jpg60004000La Comunidad de Madrid aumenta un 24% la inversión para mejorar la conciliación de familias con personas con discapacidad intelectual a su cargo
05 julio 2025

Esta iniciativa de la Comunidad de Madrid permite que los familiares puedan realizar gestiones, trámites o salidas gracias al apoyo que les prestarán profesionales especializados durante el tiempo que necesiten. Estos equipos están formados por psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, monitores o cuidadores, que además organizan diferentes actividades deportivas, culturales o de ocio adaptadas a las necesidades de cada usuario.

El programa ofrece diferentes modalidades para las personas con discapacidad, como la de actividades fuera de su domicilio durante los sábados y domingos, de fin de semana con opción de pernocta, puentes, estancias cortas, estancias largas durante las vacaciones o apoyos puntuales en el propio domicilio, al que los profesionales se desplazan cuando es necesario. Además, también facilita información y orientación, apoyo psicológico y social y otros servicios alternativos como transporte, alojamiento y manutención. En la edición de 2024 este programa ayudó a más de 100 hogares.

La Comunidad de Madrid cuenta con una red pública de 14.500 plazas para la atención a personas con discapacidad intelectual o física y de más de 7.000 destinadas a aquellas con enfermedad mental grave y duradera, con una inversión anual de más de 426 millones de euros.