La Comunidad de Madrid ha concedido 8,4 millones en ayudas a pymes comerciales y artesanas para su modernización
La Comunidad de Madrid ha concedido 8,4 millones de euros a 931 pequeñas y medianas empresas (pymes) comerciales, artesanas y de servicios desde 2019 para su modernización y digitalización. El Ejecutivo regional ha aumentado este año los recursos de estas ayudas un 25%, hasta los 2,5 millones de euros.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha visitado hoy Deassín, una marca de joyas diseñadas y hechas artesanalmente en España que en 2024 recibió 10.000 euros de esta convocatoria para transformar su local. Albert ha destacado que “preservar y fortalecer el tejido comercial tradicional es una prioridad para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, consciente del valor que aportan los pequeños establecimientos al dinamismo y la identidad de los pueblos y ciudades de la región”.
Estas ayudas permiten financiar obras de ampliación, transformación y renovación de los establecimientos o talleres, así como sufragar parte de los gastos de la apertura inicial. También se pueden utilizar los recursos para la adquisición de equipamiento, maquinaria o mobiliario especializado, o la instalación de equipos informáticos y software.
La consejera ha explicado que estas ayudas directas dirigidas a autónomos y pymes están “orientadas no solo a fomentar la competitividad, sino también a facilitar la adaptación de estos negocios a los retos actuales y a las nuevas demandas del mercado, apostando por la innovación en cada etapa del proceso”.
Además, ha subrayado que tienen prioridad “aquellos negocios que tengan más de 50 años de antigüedad y que forman parte sustancial de la historia y el paisaje de la región”. Del mismo modo, esta convocatoria prima la estabilidad en el empleo o disponer de la carta de empresa artesana.
La cuantía de la subvención es del 50% de la inversión justificada, que debe ser de un mínimo de 500 euros en el sector artesanal y de 5.000 en el caso de establecimientos comerciales y de servicios, con un máximo de 10.000 euros por perceptor.

