Díaz Ayuso ultima un Decreto que reducirá en hasta dos años la tramitación de instalaciones de alta tensión en infraestructuras críticas como colegios u hospitales
La Comunidad de Madrid está ultimando la aprobación de un Decreto con la que se podrá reducir en hasta dos años la tramitación de instalaciones de alta tensión en infraestructuras críticas, tal y como ha anunciado hoy la presidenta Díaz Ayuso en la primera jornada del Debate del Estado de la Región. Entre ellas, las subestaciones de transformación, necesarias para el correcto suministro eléctrico de colegios, hospitales o centros de procesamiento de datos. Esta modificación beneficiará a más del 20% de las 1.500 autorizaciones que se resuelven actualmente.
Esta normativa, que está previsto aprobar el próximo mes de octubre, sustituirá al actual Decreto 70/2010, adaptándolo a las nuevas tecnologías y al auge de renovables en la región. El objetivo de esta actualización es eliminar trabas administrativas y facilitar la implantación de nuevas infraestructuras eléctricas. Se trata de una regulación clara, ágil y orientada a la inversión, en un contexto nacional de ineficiencia y saturación de normas.
Para ello, simplificará los procedimientos de autorización, comunicación, verificación e inspección de las instalaciones de alta tensión. En este sentido, el Ejecutivo autonómico ya ha conseguido reducir en otros dos años la tramitación de este tipo de infraestructuras, gracias a la eliminación de los Planes Especiales en las redes eléctricas de distribución y transporte.
Esta iniciativa refuerza la apuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid por un sistema energético moderno, competitivo y alineado con las necesidades del tejido productivo, hacia un modelo económico y social descarbonizado. Así, el nuevo Decreto busca alinear la normativa autonómica con la legislación estatal y facilitar la incorporación de nuevos agentes y tecnologías en el sector eléctrico.
Desmantelamiento de instalaciones de energías renovables.
Asimismo, el nuevo marco introduce medidas para garantizar una correcta retirada de las instalaciones de energías renovables, al final de su vida útil. En concreto, se establece la obligación de aportar una garantía económica para aquellas de producción, almacenamiento o autoconsumo con excedentes, que se sitúen en el suelo (es decir, no sobre tejados o edificios) y que hayan pasado por un proceso de evaluación ambiental.
De este modo, servirá para asegurar que, cuando llegue el momento de desmontar este tipo de infraestructuras, exista un fondo suficiente para que un tercero cualificado pueda encargarse del desmantelamiento y la restauración del terreno afectado.