La Comunidad de Madrid actúa sobre edificaciones ilegales en Fuente el Saz de Jarama para preservar el suelo protegido de la región
La Comunidad de Madrid continúa actuando contra las construcciones ilegales de la región para restablecer la legalidad urbanística y preservar el suelo protegido. Recientemente, ha llevado a cabo dos actuaciones en la localidad de Fuente el Saz de Jarama, afectada por la proliferación de este tipo de edificaciones irregulares, que ha supuesto el derribo de 12 inmuebles levantados sobre zonas de especial protección ambiental. Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Inspección y Disciplina Urbanística 2025-2029 de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, a través de la Dirección General de Urbanismo.
En la primera de ellas, que tuvo lugar el pasado 24 de junio, se procedió a la demolición de tres instalaciones ubicadas en una parcela clasificada por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio como Suelo No Urbanizable de Protección Fáunica. Además, los terrenos están afectados por la Vereda de San Agudín, una vía pecuaria con protección específica.
Para el operativo se contó con la colaboración del Cuerpo de Agentes Forestales autonómico y de un dispositivo de la Guardia Civil, integrado por efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y patrullas de Seguridad Ciudadana.
La segunda actuación se realizó el pasado 9 de julio y consistió en el derribo de nueve edificaciones localizadas en Suelo No Urbanizable de Protección Edafológica y Paisajística. Se trata de una zona agrícola, con una alta calidad paisajística y sensibilidad freática, que hace que cualquier vertido sea susceptible de contaminar aguas subterráneas.
17 derribos de edificaciones ilegales en menos de un año
A través del Plan de Inspección y Disciplina Urbanística, la Comunidad de Madrid ha llevado a cabo 17 derribos en menos de un año, cinco de ellos mediante ejecución subsidiaria por parte de la Administración regional y otros 12 ejecutados de forma voluntaria por los responsables. Asimismo, se han realizado 179 inspecciones; incoado 74 expedientes urbanísticos y 69 sancionadores; tramitado 85 requerimientos de información; 326 diligencias previas, y 18 expedientes de ejecución subsidiaria.
La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior recuerda que las construcciones ilegales en suelo no urbanizable comprometen gravemente la protección del territorio, favorecen la degradación de espacios de alto valor ambiental y generan situaciones de inseguridad jurídica para los ciudadanos. Por ello, el Ejecutivo autonómico mantiene su compromiso con la defensa de la legalidad urbanística, la preservación del medio natural y la lucha contra la ocupación irregular del suelo rural.
