Procedimiento judicial

Los abogados o letrados son aquellos profesionales encargados de la defensa y dirección de las partes en los procedimientos judiciales y administrativos, asumiendo también con carácter amplio labores de asesoramiento y consejo jurídico en el ámbito extrajudicial.

Su intervención en la Administración Justicia, actuando ante los Juzgados y Tribunales, es esencial para el correcto desarrollo de los procedimientos al asesorar a los ciudadanos e intervinientes sobre los distintos trámites procesales, garantizando así su derecho a la defensa y asistencia Letrada que consagra el artículo 24 de la Constitución.

En España los abogados han de ser licenciados en Derecho y  estar colegiados, esto es, deben pertenecer al Colegio de Abogados del lugar en el que desarrolla su ejercicio profesional o estar autorizados por el mismo.

La intervención de los abogados en los procesos judiciales es obligatoria y preceptiva únicamente en aquellos casos previstos en la ley. No obstante, las partes pueden valerse voluntariamente de abogado en cualquier tipo de proceso, en cuyo caso se dará traslado a la parte contraria para que a su vez pueda designar letrado. Lo que se pretende es garantizar la igualdad de las partes en el juicio, igualdad que puede ponerse en peligro si una de ellas acude acompañada de letrado y la otra no. En este último caso, el mismo juzgado o tribunal, si aprecia la existencia de esta desigualdad puede acordar la suspensión del procedimiento hasta que designe o le sea nombrado un abogado.

Para determinar en qué casos es necesaria la intervención de un abogado es necesario distinguir entre las distintas ramas o jurisdicciones del derecho: civil, penal, laboral y contencioso-administrativa.

• En los asuntos civiles la intervención obligatoria del abogado es la regla general, aunque se establecen una serie de excepciones a dicha intervención preceptiva:

1. Los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 2.000 euros y la petición inicial de los procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en la ley.
2. Los escritos que tengan por objeto personarse en juicio, solicitar medidas urgentes con anterioridad al juicio o pedir la suspensión urgente de vistas o actuaciones. Cuando la suspensión de vistas o actuaciones que se pretenda se funde en causas que se refieran especialmente al abogado también deberá éste firmar el escrito, si fuera posible.

• En los asuntos penales la asistencia de abogado es siempre necesaria en los casos de privación de libertad. En las demás fases del procedimiento, en el caso de los imputados, también es obligatoria la asistencia de abogado, ostentando la representación de la parte en tanto no se designe procurador. Una importante excepción la constituyen los juicios de faltas, donde la intervención del abogado siempre es voluntaria.
• En el ámbito laboral la defensa por abogado tendrá carácter facultativo en la instancia. En el recurso de suplicación, los litigantes habrán de estar defendidos por abogado. En el recurso de casación y en las actuaciones procesales ante el Tribunal Supremo será preceptiva la defensa de abogado.
• Finalmente, en la jurisdicción contencioso-administrativa,  el artículo 23 de la Ley reguladora de dicha jurisdicción establece que: “1. En sus actuaciones ante órganos unipersonales, las partes podrán conferir su representación a un Procurador y serán asistidas, en todo caso, por Abogado. Cuando las partes confieran su representación al Abogado, será a éste a quien se notifiquen las actuaciones. 2. En sus actuaciones ante órganos colegiados, las partes deberán conferir su representación a un Procurador y ser asistidas por Abogado. 3. Podrán, no obstante, comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles.”

Cualquier persona puede designar libremente a un abogado para que defienda sus intereses en un litigio, siempre que el profesional escogido reúna los requisitos que las leyes exigen para el desarrollo de la abogacía. Es conveniente pactar las condiciones del servicio, siendo recomendable la solicitud de un presupuesto previo. Y ello sin perjuicio de la posible condena en costas a la parte contraria, en cuyo caso podrá recuperarse el gasto que implica la intervención del abogado dentro de los límites legales (tasación de costas).

No obstante, en el caso de que el litigante goce del beneficio de justicia gratuita, se le designará abogado por el correspondiente Colegio Profesional.

Finalmente, en el proceso penal se procederá a la designación de oficio de abogado en los casos de detención o cuando no se realice voluntariamente por el imputado, lo que comportará la obligación de satisfacer sus honorarios salvo que la parte en cuestión goce del beneficio de justicia gratuita.

En cualquier caso el abogado designado debe defender los intereses que se le confían según la ley, estando obligado a guardar secreto profesional.

El letrado puede aceptar o rechazar libremente prestar sus servicios profesionales en determinados asuntos, sin estar obligado a dar ninguna explicación, salvo en los casos en los que sea nombrado de oficio. En estos supuestos la negativa deberá estar justificada según la legislación vigente.

El abogado debe comunicarle su opinión profesional sobre el caso que le plantea, su viabilidad, esto es, las posibilidades de éxito, las posibles consecuencias y, aunque sea de forma aproximada, los costes. También si los costes de la reclamación judicial superan el resultado que se pretende obtener del pleito y de las posibilidades de solicitar el beneficio de justicia gratuita.

El abogado tiene derecho a una retribución económica por los servicios que presta (honorarios) así como al reembolso de los gastos (suplidos) que haya realizado para la defensa de sus intereses.

Está autorizado el pacto de cuota litis o aquél acuerdo entre abogado y su cliente por el que éste se compromete a abonar un porcentaje sobre el resultado del asunto, con independencia de que éste consista en una suma de dinero o en el reconocimiento de cualquier otro derecho o beneficio.

El abogado puede solicitarle antes del inicio de sus servicios o durante su prestación, entregas a cuenta en pago tanto de los honorarios como de los gastos o suplidos. Estas entregas o provisiones de fondos deben ajustarse a las circunstancias del caso y su falta de abono puede hacer que el abogado renuncie al asunto.