Sistema Público de Servicios Sociales

La Constitución Española de 1978, junto a la afirmación de que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, establece en el capítulo III de su Título I varios preceptos que desarrollan el concepto del Estado social, a través de la mención a diversos colectivos (familias, jóvenes, personas con discapacidad, personas mayores) y otras referencias al compromiso de los poderes públicos en el progreso social y económico (artículo 40), así como el mantenimiento “de un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente, en caso de desempleo” (artículo 41). Aunque únicamente en el caso de las personas mayores se hace una referencia expresa al Sistema de Servicios Sociales, a lo largo de toda la norma fundamental subyace la existencia de un Sistema Público de Servicios Sociales que se erige como uno de los pilares del Estado de Bienestar.

El artículo 148.1.20ª establece que las comunidades autónomas podrán asumir competencias en materia de “asistencia social” y al amparo de este precepto todas las comunidades autónomas asumieron en sus respectivos estatutos de autonomía la competencia exclusiva en materia de servicios sociales.

Asimismo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece en sus artículos 25 y 26 que el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, ejerciendo en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas, entre otras, las competencias en materia de asistencia social.

En 1988 se crea el Plan Concertado para la prestación de Servicios Sociales, que dotará de la financiación necesaria para desarrollar la colaboración entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Su finalidad —a través de la cofinanciación de los proyectos y prestaciones que se incluyen en el mismo— ha sido la forma de asegurar la prestación de servicios sociales adecuados que permitan la cobertura de las necesidades básicas, y contribuir a garantizar la universalidad de los servicios sociales de atención primaria y unos mínimos en todo el territorio del Estado.

Posteriormente, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, han venido a atribuir igualmente a los municipios la competencia para la realización de la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación de riesgo de exclusión social.

Derivado de este marco normativo, y a través de la extinta Ley 11/1984, de 6 de junio, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, se establecieron las bases para el desarrollo un Sistema de Protección al servicio del bienestar de la población madrileña, que ha venido reconfigurándose a través de leyes de Servicios Sociales de nueva generación, como la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, también derogada, y la reciente Ley 12/2022, de 21 de diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, hasta alcanzar el actual Sistema Público de Servicios Sociales.