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Por ejemplo, 10/11/2026
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5 registros de 5988
  • Resolución: 055/2025
    Fecha: 06/02/2025
    Legitimación. Valoración de la oferta. Resolución que acumula dos recursos, uno es inamitido por falta de legitimación al pretender una defensa de la legalidad. El otro se basa en la valoración de su oferta que de prosperar le situaría en el primer puesto de la clasificación. Se desestima en base a la motivación de las calificaciones y la discrecionalidad técnica.
  • Resolución: 054/2025
    Fecha: 06/02/2025
    Criterios de Adjudicación. Sistema de determinación del precio del contrato. Experiencia como criterio de valoración. Discrecionalidad técnica. Estimación parcial de recurso pues se valora como criterio de adjudicación la experiencia del licitador, no del personal adscrito a la ejecucuón del contrato. El sistema de determinación del precio a tanto alzado se encuentra debidamente justificado en el expediente. El órgano de contratación en uso de su discrecionalidad técnica puede determinar las prescripciones que mejor se ajusten a su necesidad, sin que ellos suponga necesariamente limitación de la concurrencia.
  • Resolución: 054/2025
    Fecha: 05/02/2026
    No procede admitir la garantía constituida fuera del plazo establecido al efecto. El tramíte de subsanación permite acreditar que efectivamente la garantía está constituida, pero no es un plazo para que el licitador pueda constituir ex novo aquella. 
  • Resolución: 053/2025
    Fecha: 30/01/2025
    Acto de trámite no recurrible. Se recurre la propuesta de adjudicación. El recurrente no interpone recurso especial en materia de contratación, sino que se dirige a la Mesa de contratación. El OC recalifica el escrito como recurso especial en materia de contratación, allanándose a las pretensiones. Inadmisión.
  • Resolución: 052/2025
    Fecha: 30/01/2025
    Inadmisión. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid no ostenta competencia para el conocimiento y resolución del recurso especial en materia de contratación interpuesto por ser contra una resolución dictada por un órgano integrado en la Administración General del Estado

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