Mayor protección frente a las estafas telefónicas
Una nueva normativa aumenta la protección de las personas consumidoras frente al fraude de las llamadas telefónicas y mensajes instantáneos.
Las personas consumidoras cuentan con un mayor grado de protección frente a la publicidad mediante comunicaciones electrónicas y llamadas telefónicas. El Gobierno de España ha aprobado la Orden TDF/149/2025, para combatir las estafas de suplantación de identidad a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto fraudulentos.
Con esta nueva normativa se quiere garantizar la identificación de la numeración utilizada en servicios de atención al cliente y en las llamadas comerciales no autorizadas.
A partir del 7 de junio de 2025 no podrán realizar llamadas comerciales a través de un número de móvil, tampoco podrán llamarnos desde un número internacional que simule un número español. Las compañías telefónicas están obligadas a bloquear las llamadas y mensajes que simulen haber sido realizadas desde un número español, excepto para los clientes que se encuentren en roaming.
Las llamadas comerciales o de servicio de atención al cliente podrán utilizar las líneas 800 o 900 para contactar con las personas consumidoras. Devolver la llamada a estas líneas 800 o 900 será gratuito para las personas consumidoras.
Desde el 7 de junio de 2026 tampoco podrán enviar mensajes de SMS que no estén debidamente identificados y se bloquearán los SMS de origen internacional que tengan un alias español, a no ser que la persona se encuentre en itinerancia (roaming).
Las compañías telefónicas tendrán la obligación de detectar y bloquear este tipo de llamadas y mensajes sospechosos de estafa. En ocasiones, se realizan estafas telefónicas a través de llamadas que han manipulado el CLI, identificador de línea llamante (CLI, por sus siglas en inglés), para que el número coincida con un número publicitado por una entidad financiera, empresa prestadora de otros servicios o por un organismo público.
De esta forma se refuerza la protección frente a intentos de fraude que buscan obtener información personal y financiera confidencial de los usuarios. También se garantiza que los números utilizados para la prestación de servicios de atención al cliente y la realización de llamadas comerciales no solicitadas tengan que estar identificados. Esta obligación aplica también a llamadas realizadas desde otros países.
Las estafas financieras y económicas a través de llamadas o SMS afectan a consumidores, empresas y organismos públicos, minando la confianza de los usuarios.
Mediante esta ley se busca proteger a las personas consumidoras y favorecer a las empresas que hacen un uso legítimo de estos recursos, y, de este modo, aumentar la confianza del público general en los servicios.
Fecha de publicación: 26 de febrero de 2025