Atención sociosanitaria a personas con discapacidad y dependencia

La discapacidad resulta de la interacción entre las personas con pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas.

Su reconocimiento es distinto y complementario al de la situación de dependencia que se produce cuando una persona necesita ayuda de otra para realizar las actividades básicas de la vida diaria (comer, lavarse, vestirse, etc.).

Las personas con discapacidad presentan perfiles diversos y variabilidad en sus necesidades individuales, requiriendo que los recursos sanitarios y de atención social sean específicos a cada situación. Las situaciones de discapacidad se califican en grados, según el alcance de las mismas, y se expresan en porcentaje. El reconocimiento de un grado de discapacidad en porcentaje igual o superior al 33%, dictado administrativamente por resolución expresa de acuerdo a este procedimiento, habilita para el ejercicio de los derechos que las personas con discapacidad tienen reconocidos en todo el territorio español y da acceso a distintos beneficios, prestaciones y servicios.

La dependencia es el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, precisan de la atención de otra persona o ayudas para realizar las actividades básicas de la vida diaria.

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) tiene por finalidad principal la garantía de las condiciones básicas y la previsión de los niveles de protección a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

A tal efecto, sirve de cauce para la colaboración y participación de las Administraciones Públicas y para optimizar los recursos públicos y privados disponibles. De este modo, configura un derecho subjetivo que se fundamenta en los principios de universalidad, equidad y accesibilidad, desarrollando un modelo de atención integral al ciudadano, al que se reconoce como beneficiario su participación en el Sistema.