El Tribunal deniega el acceso al expediente por tener éste carácter instrumental y no haber acreditado la recurrente la necesidad de acceder a la documentación adicional solicitada, invocando la doctrina de los actos propios respecto de las ofertas técnicas declaradas confidenciales por todos los licitadores, incluida la propia recurrente. En cuanto al fondo, desestima los tres motivos del recurso: (i) la alegada disconformidad del proyecto técnico con la normativa aplicable constituye una impugnación extemporánea e indirecta de los pliegos (art. 139 LCSP); (ii) no aprecia contaminación de sobres ni vulneración del secreto de las proposiciones, al constar acreditado documentalmente que la apertura del sobre económico fue posterior a la valoración de los criterios de juicio de valor; y (iii) descarta la falta de motivación de dicha valoración, al no exigir el art. 326 LCSP informe técnico ad hoc y resultar suficiente la motivación recogida en el acta de la Mesa de Contratación, amparada por la presunción de acierto y veracidad de los informes técnicos. No aprecia mala fe ni temeridad en la interposición del recurso.
