La Comunidad de Madrid tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial, en el artículo 26.1.21 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y en el artículo 26.1.17 del propio Estatuto, la del fomento del desarrollo económico de la Comunidad de Madrid, dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional. El Real Decreto 697/1984, de 25 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de turismo, incluye en su Anexo I apartado B), entre otras, la planificación de la actividad turística en la Comunidad de Madrid, así como la ordenación de la industria turística en su ámbito territorial. De conformidad con el artículo 3 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, que configura la planificación normativa con un carácter plurianual coincidiendo con la duración de la legislatura, se ha aprobado el Plan Normativo para la XIV Legislatura mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2023. El anteproyecto de ley por la que se modifica la Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid, se encuentra incluido dentro del Plan Normativo para la XIII Legislatura. Este nuevo anteproyecto de ley pretende resolver el problema de la falta de adecuación de la normativa en vigor a la realidad actual de la materia y de la actividad de turismo, por lo que se hace imprescindible su modificación frente a la alternativa de incurrir en un vacío legal y una inseguridad jurídica injustificada. Por otro lado, este anteproyecto de ley responde a la necesidad de disponer de una normativa legal que facilite las rápidas transformaciones que el sector está experimentando y se adapte a sus nuevos modelos turísticos producto de la iniciativa empresarial. Además, la modificación de la Ley 1/1999, de 12 de marzo, a través de este anteproyecto de ley se considera oportuna al crear un marco normativo turístico claro, de manera que la seguridad jurídica quede garantizada dada la coherencia del contenido con el ordenamiento jurídico vigente, nacional y de la Unión Europea.