El sector del transporte público, incluso la movilidad en sentido amplio, se han visto enormemente impactados en los últimos años por la creciente criticidad de la seguridad, afectando significativamente tanto a la capa más visible, el día a día de los ciudadanos, como a la propia gestión de las administraciones tutelares y de los operadores del transporte. La seguridad ciudadana común, el estallido de los riesgos vinculados a la ciberseguridad, la creciente concienciación respecto a la seguridad operacional vial y la depuración de responsabilidades en caso de accidentes son algunas de las cuestiones que mayores implicaciones prácticas han tenido en los últimos años en la gestión del transporte público.  La seguridad en un sentido amplio, ha pasado a constituir uno de los pilares básicos de la movilidad. En este contexto, la Comunidad de Madrid, dentro del ámbito de sus competencias que le atribuyen el artículo 148.1.5 de la Constitución Española y el artículo 26.1.6 del Estatuto de Autonomía, a través de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, considera necesario la creación de un Consejo Asesor de la Seguridad en el Transporte Público que impulse y coordine la actuación de las diferentes consejerías en materia de seguridad del transporte, entendiendo ésta en sentido amplio y abarcando tanto la seguridad física de los usuarios como la seguridad operacional del transporte y de sus infraestructuras, y la ciberseguridad en materia de transporte, sin perjuicio de las atribuidas a otros órganos especializados por razón de la materia.