Números editados

Frente a la muy intensa actividad legislativa característica de final de año, que no fue una excepción en diciembre de 2023, el primer mes de 2024 ha comenzado con una actividad normativa sensiblemente inferior, de carácter esencialmente reglamentario, y en la que cabe destacar el reglamento madrileño de desarrollo del arrendamiento de vehículos con conductor (VTC), la regulación del cómputo de los períodos trabajados en organizaciones internacionales intergubernamentales a efectos de prestaciones de la Seguridad Social o determinados reales decretos organizativos a nivel estatal.

En sede jurisprudencial, cabe reseñar la sentencia del Tribunal Supremo que declara que los ayuntamientos no pueden practicar diligencias de embargo en cuentas abiertas en sucursales de entidades financieras radicadas fuera de su término municipal.

Y en el ámbito doctrinal, se incluye un detenido análisis de las incertidumbres en la aplicación del nuevo régimen de reservas con destino a viviendas de protección pública previsto en la Ley 12/2023, suscrito por Fernando Luque Regueiro; una compilación de pronunciamientos doctrinales en relación con la integración de solvencia por medios externos en la contratación pública, realizada por María Elena López de Ayala, y un examen acerca de la la diferenciación entre los institutos civiles de la satisfacción extraprocesal y la carencia sobrevenida de objeto en relación con el reconocimiento de pago, firmado por Diego García Paz. 

Tras unos ejercicios anteriores con una actividad legislativa especialmente intensa, marzo de 2024 ha seguido la línea de los dos primeros meses de este año, siendo muy pocas las novedades normativas que se han producido; todas ellas, además, de rango reglamentario.

Por el contrario, existen interesantes pronunciamientos judiciales, incorporándose por primera vez a esta Revista Jurídica el análisis, no solo de sentencias dictadas por los órganos nacionales, sino también por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En lo que respecta a los comentarios doctrinales, destaca el análisis realizado por Luis Enrique Castro Fernández a propósito del nuevo régimen de anulabilidad de los contratos celebrados por personas con discapacidad tras la entrada en vigor de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. De igual modo, se incluye un interesante análisis de la posibilidad de adjudicar directamente concesiones demaniales cuando existen varios interesados, suscrito por Cristina Recarte Llorens, así como de la intervención voluntaria de la Administración en los procedimientos por negligencia médica, firmado por Diego García Paz.

Durante este mes de mayo se han producido algunas novedades destacadas en el ámbito de la Unión Europea, entre las que se incluye el nuevo reglamento comunitario para garantizar un suministro seguro y sostenible de materias primas fundamentales, así como el Pacto sobre migración y asilo en la Unión Europea, que se instrumenta en nueve reglamentos y una directiva.

En el ámbito estatal se han promulgado los dos primeros reales decretos-leyes del año, el primero de los cuales prorroga durante cuatro años más la suspensión de lanzamientos de vivienda habitual para los colectivos vulnerables, en tanto que el segundo modifica en profundidad el subsidio por desempleo, entre otras normas laborales y de Seguridad Social. También se ha publicado el nuevo arancel de procuradores, tras la anulación del anterior por la STS de 9 de abril de 2024, o el Reglamento de los servicios postales.

En la Comunidad de Madrid, como novedad destacada, se crea la figura del experto facilitador en los procedimientos judiciales.

Tras la pausa de las vacaciones estivales, regresa la Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid dando noticia de las importantes novedades legislativas y jurisprudenciales acontecidas durante los meses de julio y agosto de este año 2024. A nivel legislativo, se han publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Inteligencia Artificial, el Reglamento de Restauración de la Naturaleza y la Directiva de Diligencia Debida en materia de Sostenibilidad, como disposiciones más relevantes. En el plano estatal, destacan la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, y la Ley Orgánica 3/2024, de 2 de agosto, de modificación de la LOPJ y del EOMF. En la Comunidad de Madrid, sobresale la Ley 3/2024, de 28 de junio, de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida. Todas ellas son disposiciones de la máxima trascendencia que incluso han tenido un importante eco en los medios de comunicación.

En cuanto a la jurisprudencia, este número recoge, como ya viene siendo habitual, una selección de las sentencias más importantes del TJUE, el TC y el TS, dedicando especial atención a los pronunciamientos en materia de Derecho Público. El TJUE ha admitido la intervención de los encausados a través de videoconferencia en el proceso penal y ha dictado dos importantes sentencias (una relativa a España) sobre la problemática de la aplicación de la Directiva 92/43 de conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres al lobo. Sobresalen especialmente las sentencias del TC sobre la reforma de la Ley del aborto de 2023, la aplicación de la perspectiva de género en las políticas antidiscriminación, el caso ERE de Andalucía, la legislación de la Comunidad de Madrid en materia de VTC y la figura del agente encubierto. En cuanto al TS (Sala III), son de especial interés las sentencias que se han publicado durante este periodo sobre la conformidad a Derecho del Reglamento del Taxi de la Comunidad de Madrid, el interés competitivo de las empresas como interés legitimador, las determinaciones urbanísticas sobre locales de juego y apuestas, el régimen jurídico aplicable a las resoluciones de los contratos públicos, y la admisibilidad de la integración de solvencia con medios ajenos en las licitaciones de servicios de transporte regular de viajeros por carretera, entre otras múltiples cuestiones.

Este número incluye tres interesantes colaboraciones doctrinales. En primer lugar, un estudio de Fernando Luque Regueiro (Letrado de la Comunidad de Madrid) sobre las peculiaridades que presenta la ejecución de sentencias en el ámbito contencioso-administrativo. En segundo lugar, un comentario de Lucas G. Menéndez Coca, profesor de la Universidad de Zaragoza, sobre las personas físicas que pueden dar lugar a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y, por último, una breve reflexión de Diego García Paz (Letrado de la Comunidad de Madrid) sobre la apelación contra sentencias penales absolutorias.

Tenemos el gusto de presentarles el número de octubre de este año 2024 de la Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid, elaborada por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid. En cuanto a las novedades legislativas, destacamos la LO 4/2024 de adecuación a la normativa de la UE sobre el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales, la Ley 3/2024 para la mejora de la calidad de las personas enfermas de ELA, la regulación reglamentaria de las medidas de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas de más de 50 trabajadores y el Reglamento de  reutilización del agua, entre otras importantes disposiciones. Además, la Comunidad de Madrid ha regulado el procedimiento de acreditación de la competencia digital de los docentes y las piscinas y parques acuáticos. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado los criterios de aplicación en el municipio de Madrid de la Ley 3/2024, de 28 de junio, de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida de la Comunidad de Madrid.

Jurisprudencialmente, ha sido un mes prolífico en pronunciamientos relevantes. El TC ha dictado dos importantes sentencias en materia de arrendamientos urbanos: la que anula la regulación catalana sobre alquileres sociales y otra que declara que la suspensión de desahucios y lanzamientos que afectan a arrendatarios vulnerables sin alternativa habitacional puede solicitarse más de una vez. El TJUE ha dictado varias sentencias en materia de protección de datos de carácter personal que desarrollan su doctrina sobre el RGPD; también ha validado el “Paquete de Movilidad” de 2020, ha declarado que el cambio de nombre y de identidad de género realizado en un Estado miembro debe ser respetado en los demás, que las Directivas de contratación pública no son aplicables a operadores económicos de terceros Estados que no tengan suscrito un acuerdo internacional en la materia con la UE, y que las obras de arte que se hallen en territorio de la Unión gozan de la protección legal de las Directivas comunitarias sobre derechos de autor independientemente de su origen, pero hay muchas sentencias interesantes más cuya lectura recomendamos.

No faltan en este número las colaboraciones doctrinales. El artículo principal es del abogado Carlos Melón Pardo, Socio de Ramón y Cajal Abogados, que analiza el problema de la acumulación de las habilitaciones empresariales o profesionales de las agrupaciones de empresas a efectos de su admisión en las licitaciones públicas, anticipándose a las dos sentencias que va a dictar próximamente el Tribunal Supremo sobre el particular. Asimismo, los Letrados de la Comunidad de Madrid Fernando Luque Regueiro y Diego García Paz reflexionan en sus respectivas reseñas breves sobre el valor estimado de los acuerdos marco como límite de los contratos basados y sobre las novedades prácticas del recurso de apelación civil tras la reforma operada por el RDL 6/2023, de 19 de diciembre.